Contratos, precios y transición energética: una oportunidad imperdible

Autor: Camilo A. Gallego – Fulbright Fellow. Investigador del Political Economy Research Institute. Para: elespectador.com Fecha: septiembre 25 de 2019

Las fallas de mercado ocurren técnicamente cuando se dan resultados económicos no deseados producto de acciones no cooperativas. Como consecuencia de esta interacción descoordinada, aparecen efectos no contabilizados en forma de externalidades, los cuales pueden traer beneficios o impactos negativos.

La contaminación atmosférica es la falla de mercado más grande que enfrentamos. Una transición energética a fuentes de energía limpia es entonces el equilibrio deseado. Particularmente, los contratos de largo plazo pueden ser el puente para avanzar hacia una transición, puesto que mitiga riesgos en expectativas de inversión hacia el futuro y porque es la oportunidad para mejorar la formación de los precios finales a los consumidores y la competitividad industrial.

El país tiene razones suficientes para avanzar a una transición energética sostenible. Si bien Colombia produce emisiones per cápita por debajo del promedio mundial, el Departamento Nacional de Planeación y el Fondo Monetario Internacional se han pronunciado de manera independiente en diferentes ocasiones estimando la pérdida en el crecimiento económico anual del país a causa del cambio climático. Colombia debe ser dinámico y propositivo hacia la transición energética. Ya existen los instrumentos factibles y económicos para avanzar en esta dirección. Inversiones en producción de energía limpia, eficiencia energética y sustitución de plantas térmicas han sido las estrategias que han mostrado efectividad en reducción de GEI.

El sector eléctrico es el llamado para permitir la transformación energética. Desde el 2015, el sector eléctrico mundial ha venido invirtiendo más capital que el suministro de petróleo y gas. Según informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), el año pasado se invirtieron cerca de $USD780 mil millones en el sector de energía eléctrica, mientras que en petróleo y gas se invirtieron un poco más de $USD 700 mil millones. Es la dirección adecuada, pero se necesita más inversión.

Para incentivar y atraer las inversiones requeridas para la transformación energética la clave está en los precios de los contratos de largo plazo que se firmen entre los productores de energía limpia y los que les llegan a los usuarios finales. Estos precios deben ser lo suficientemente atractivos para incentivar a inversionistas, pero también competitivos para no perjudicar a los usuarios finales en beneficio de los desarrolladores de proyectos. La historia indica que no fijar precios competitivos a usuarios finales pone en riesgo una transición energética sostenible. Ejemplos en Alemania y/o España que adoptaron precios impagables para la industria y usuarios finales a través de los conocidos feed-in-tariffs, dejaron inconcluso el sostenimiento de la financiación de la transición energética. Colombia, con las ultimas directrices sobre contratos de largo plazo está más preocupada por sobrepasar la referencia de 1.500 MW de energía limpia nueva, que de los precios que les llegarán a los usuarios finales. Esto es preocupante.

En este sentido, el éxito de la próxima subasta de renovables no radica en la cantidad de energía asignada y la cantidad de proyectos adjudicados. El éxito de la subasta se mide por los proyectos que sean asignados a precios inferiores que los precios de los contratos que hoy se están firmando a 10 y 15 años a partir del año 2022. De lo contrario, los usuarios no se estarían beneficiando de la reducción drástica de costos de las nuevas tecnologías, ni de los beneficios que el Gobierno Nacional ha dado vía excepción de impuestos, facilidades en el licenciamiento ambiental, menor pago de transferencias a los municipios y flexibilidad en las reglas de competencia.

Todo el esfuerzo del Gobierno y de la sociedad en general por mejorar las condiciones de inversión de los nuevos proyectos de renovables claramente debe verse retribuido en menores precios de asignación y creación de empleo. Sobre esto último hay que aprender de Argentina y Brasil que colocaron condicionantes de desarrollo de plantas de fabricación de hélices y paneles para ser adjudicados en las subastas.

La Cámara de Grandes Consumidores de la ANDI analizó los contratos de energía eléctrica a largo plazo vigentes en el país a partir del año 2022 para definir los beneficios o sobrecostos que traerían las asignaciones en la subasta de renovables. Se encontró que los contratos a 15 años tendrían un precio constante de 170 $/kWh incluido el Cargo por Confiabilidad y otros costos variables. Esto es, por sólo concepto de energía, los precios de contratos de largo plazo a no regulados están en 75 $/kWh (i.e. 23 USD/MWh). La agencia internacional de energía (IEA), por su parte, indica que para Latinoamérica los precios de contratos en las subastas de energía solar y eólica para el 2022 son de alrededor $USD35/MWh y $USD20/MWh, respectivamente.

En conclusión, el país tiene una oportunidad para ser actor dinámico en resolver una falla de mercado a través de un buen diseño de contratos de largo plazo. El Ministerio de Minas y Energía debería considerar una referencia de precios para la próxima subasta con el objetivo de llegar a precios más competitivos que los observados actualmente.  En caso contrario, Colombia podría estar transitando débilmente hacia la transición energética, perjudicando los consumidores finales y la competitividad industrial para beneficiar a desarrolladores de proyectos.